Reconocer una sentencia extranjera en Argentina: qué es el exequatur y por qué no siempre es todo o nada

Cuando una familia tiene vínculos con más de un país, tarde o temprano puede aparecer la necesidad de que una decisión judicial dictada en el extranjero produzca efectos en Argentina: una sentencia de divorcio, una adopción, una decisión sobre la responsabilidad parental de un hijo. Ese reconocimiento no es automático. Requiere un proceso específico, llamado exequatur, en el que un tribunal argentino revisa la sentencia extranjera, no para volver a juzgar el fondo del asunto, sino para verificar que pueda convivir con nuestro ordenamiento jurídico.

Un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala J ("S. C., R. C. c/M. D., K. J. s/Reconocimiento de Sentencia Extranjera"), explica con mucha claridad en qué consiste este proceso, y muestra además que el reconocimiento de una sentencia extranjera no siempre es una cuestión de todo o nada: puede otorgarse con límites y matices, adaptando sus efectos a los principios del derecho argentino.

El caso: una sentencia extranjera que extingue la autoridad materna

Un padre solicitó en Argentina el reconocimiento e inscripción de una sentencia dictada en el extranjero que había declarado la extinción de la autoridad materna de la madre de su hija, otorgándole a él la representación legal exclusiva y la guarda de la niña. La jueza de primera instancia rechazó el pedido de reconocimiento. El padre apeló, y la propia Defensora de Menores de Cámara acompañó el planteo, aunque con una salvedad importante: consideró que la extinción de la autoridad materna declarada en el extranjero no debía entenderse como algo definitivo e irreversible.

Qué es el exequatur y qué examina el juez argentino

El exequatur es el acto jurisdiccional por el cual, en nombre de la ley argentina, se admite que una sentencia dictada por un tribunal extranjero produzca efectos en el país, revistiéndola de la misma fuerza que tendría una sentencia dictada por un juez nacional. Es importante entender qué no es: no es un proceso para volver a juzgar el caso ni para revisar si el tribunal extranjero resolvió bien o mal la cuestión de fondo. El juez argentino no reabre el juicio; se limita a un examen externo de la sentencia. Esta distinción es clave porque evita un error frecuente: pensar que el exequatur es una segunda instancia disfrazada, cuando en realidad se trata de un control de compatibilidad, no de una revisión del acierto de lo decidido en el extranjero.

Ese examen, según explica el fallo, se concentra en tres aspectos. Primero, la jurisdicción internacional: si la sentencia fue dictada por un tribunal que efectivamente tenía competencia para hacerlo, evaluado según las propias reglas argentinas, de forma de no avasallar una jurisdicción exclusiva que pudiera corresponder a un juez local. Segundo, la legalidad del proceso: si se respetó el derecho de defensa de las partes involucradas. Y tercero, el orden público internacional: si la sentencia, en su contenido, no choca contra los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico argentino.

Vale una aclaración técnica que suele generar confusión: el reconocimiento de una sentencia extranjera (regulado en el artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial) no es lo mismo que su ejecución (artículo 518). El primero es, como explica el propio fallo, un proceso de conocimiento en el que el tribunal argentino declara la eficacia de la sentencia extranjera; el segundo, en cambio, es el paso siguiente y eventual, necesario cuando además de reconocerla se necesita ejecutarla forzosamente en Argentina, por ejemplo para hacer cumplir una obligación de dar o hacer. En este caso, lo que se discutía era exclusivamente el reconocimiento, no su ejecución.

El límite: el orden público argentino en materia de responsabilidad parental

Este último punto es el que cobra mayor relevancia en el caso. La sentencia extranjera había declarado la extinción de la autoridad materna, un instituto que en varios ordenamientos se entiende como definitivo. Pero el derecho argentino, en los artículos 699 a 704 del Código Civil y Comercial, distingue con cuidado entre extinción, privación y suspensión de la responsabilidad parental, y prevé expresamente, en el artículo 701, la posibilidad de que un progenitor privado de esa responsabilidad solicite su rehabilitación cuando demuestre que eso beneficia el interés del hijo.

Frente a esa diferencia, el tribunal argentino no podía simplemente convalidar la sentencia extranjera tal cual estaba redactada, como si la pérdida de la autoridad materna fuera irreversible: eso hubiera contrariado un principio de orden público del derecho argentino, que es el carácter revisable de estas decisiones cuando cambian las circunstancias y así lo justifica el interés superior del niño.

La solución intermedia: reconocimiento con límites, no todo o nada

Aquí aparece el aporte más interesante del fallo. En lugar de rechazar el reconocimiento por esa incompatibilidad parcial, la Cámara recurrió al artículo 23 del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (aprobado por Ley 24.578, en el marco del Mercosur), que permite que una sentencia extranjera reciba eficacia parcial cuando no puede tener eficacia en su totalidad.

Con ese fundamento, el tribunal revocó el rechazo original e hizo lugar al reconocimiento de la sentencia extranjera, pero con los alcances y limitaciones que imponen los artículos 700 y 701 del Código Civil y Comercial argentino. En términos simples: se reconoció que el padre tiene la representación legal y la guarda de la hija conforme a lo resuelto en el extranjero, pero dejando abierta, conforme al derecho argentino, la puerta para que la madre pueda en el futuro solicitar la rehabilitación de su responsabilidad parental si demuestra que eso beneficia a la niña.

Qué significa esto en la práctica

Este fallo deja varias ideas útiles para quien necesita que una sentencia dictada en otro país tenga efecto en Argentina, especialmente en asuntos de familia.

Primero, el reconocimiento de una sentencia extranjera no implica necesariamente aceptarla en bloque, sin matices: los tribunales argentinos pueden otorgarle eficacia parcial, ajustando sus efectos a lo que permite nuestro ordenamiento, en lugar de rechazarla de plano por una incompatibilidad puntual.

Segundo, en materia de responsabilidad parental, el orden público argentino incluye la posibilidad de revisar y rehabilitar decisiones que en el extranjero pudieron dictarse como definitivas. Esto es especialmente relevante para progenitores que, tras una sentencia adversa en otro país, buscan reconstruir su vínculo legal con un hijo.

Tercero, contar con instrumentos de cooperación internacional como el Protocolo del Mercosur amplía las herramientas disponibles para lograr reconocimientos parciales, en lugar de depender exclusivamente de las reglas generales del Código Procesal.

Cuarto, en cualquier trámite de exequatur conviene anticipar que el juez argentino no actuará como una simple oficina de registro: va a examinar la jurisdicción del tribunal extranjero, el respeto al debido proceso y, sobre todo, la compatibilidad de la sentencia con los principios de orden público argentino, lo que puede traducirse en un reconocimiento condicionado antes que en una aceptación lisa y llana.

Y quinto, es clave distinguir desde el inicio si lo que se necesita es el simple reconocimiento de una sentencia extranjera o, además, su ejecución forzosa en Argentina: son etapas distintas, con requisitos y vías procesales propias, y confundirlas puede demorar innecesariamente un trámite que ya de por sí exige paciencia.

Fuentes: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, "S. C., R. C. c/M. D., K. J. s/Reconocimiento de Sentencia Extranjera", sentencia del 12/05/2016 (Cita: IJ-CCCLXXVI-3).