Cuándo se puede tramitar una sucesión fuera del domicilio del fallecido

La regla parece simple: la sucesión se tramita ante el juez del último domicilio del fallecido. Pero cinco fallos recientes de distintas Salas de la Cámara Civil muestran que, en la práctica, esa regla tiene más matices de los que parece, sobre todo cuando los bienes o los herederos están en una jurisdicción distinta de ese domicilio.

La regla de base: el artículo 2336 del Código Civil y Comercial

El artículo 2336 establece que la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. Es una norma de orden público en cuanto a la jurisdicción de fondo: no puede trasladarse la sucesión a otra provincia o país por el solo acuerdo de los herederos. Dentro de una misma provincia, en cambio, la competencia territorial entre departamentos judiciales sí puede prorrogarse cuando todos los herederos están de acuerdo y los bienes también están en esa provincia — así lo habilita, por ejemplo, el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires para asuntos patrimoniales.

La excepción que no es excepción: el artículo 2643 solo rige para sucesiones internacionales

Un error frecuente es invocar el artículo 2643 del Código Civil y Comercial —ubicado en el Título de Disposiciones de Derecho Internacional Privado del Código, que fija que son competentes los jueces del último domicilio del causante o los del lugar donde están los bienes inmuebles en el país— para casos puramente domésticos, es decir, cuando el causante vivía en otra provincia argentina, no en el exterior. En un caso reciente, la Cámara Civil rechazó expresamente esta analogía: el heredero pretendía que, por tener el acervo (un espacio en un cementerio privado) ubicado en CABA, se aplicara por analogía el foro del patrimonio del artículo 2643, pese a que el causante había fallecido domiciliado en Comodoro Rivadavia. El tribunal fue claro: esa norma integra el sistema de derecho internacional privado y solo rige sucesiones con un elemento de extranjería real —cuando el causante tenía su domicilio en el exterior—, no una herramienta general para mover una sucesión doméstica entre provincias.

En cambio, cuando el causante sí estaba domiciliado en el extranjero —un caso reciente involucraba un domicilio en Luxemburgo—, el artículo 2643 sí es plenamente aplicable: los jueces argentinos tienen jurisdicción sobre los bienes inmuebles situados en el país, sin importar dónde haya vivido el causante, y ese inmueble se rige por la ley argentina conforme al artículo 2644. Esta es precisamente la lógica que sostiene toda la práctica de sucesiones transfronterizas entre Uruguay y Argentina: el domicilio en el exterior no impide tramitar en Argentina la sucesión de los bienes situados aquí.

La flexibilidad dentro de una misma provincia: los departamentos judiciales

Conviene distinguir dos preguntas que suelen mezclarse. Una es la jurisdicción de fondo: si la sucesión debe tramitarse en la Argentina, en otro país, o en una provincia distinta de aquella donde vivía el causante. Esa es la competencia de orden público que fija el artículo 2336, y sobre ella el acuerdo de los herederos no tiene efecto. La otra pregunta, distinta, es la distribución interna de esa misma competencia dentro de una provincia: en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el sucesorio puede iniciarse en un departamento judicial distinto de aquel donde vivía el causante si todos los herederos lo consienten y los bienes se encuentran dentro de la provincia, conforme a las reglas generales de prórroga de competencia territorial en asuntos patrimoniales del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense. Es una prórroga acotada —no cruza el límite provincial— pero en la práctica resuelve un problema frecuente: familias que se mudaron dentro de la misma provincia, o que por comodidad prefieren litigar cerca de donde vive la mayoría de los herederos, sin que eso implique ningún reproche de "extraña jurisdicción".

La verdadera válvula de escape: la acumulación por conexidad

Donde sí hay flexibilidad real —incluso en casos puramente domésticos— es en la acumulación de sucesiones vinculadas. Varios de estos fallos muestran a la Cámara revocando declaraciones de incompetencia y ordenando que la sucesión de una persona domiciliada en "extraña jurisdicción" se acumule al expediente ya abierto de un familiar cercano, cuando existe identidad de herederos o de bienes.

Así ocurrió cuando dos hermanos promovieron la sucesión de su padre para que se acumulara a la de sus abuelos, pese a que el domicilio del padre estaba en la Provincia de Buenos Aires: la Cámara ordenó la acumulación por economía procesal, señalando que es preferible que un mismo juez entienda en ambos sucesorios cuando hay un patrimonio común en juego. Lo mismo sucedió con la sucesión de una madre y un hijo que se pretendía acumular a la del padre de familia, y con la sucesión de un cónyuge fallecido antes que su esposa, cuando ya estaba abierto el sucesorio de esta última y ambos expedientes compartían un mismo inmueble.

El criterio que se repite en los cuatro casos es el mismo: la jurisdicción de fondo en materia sucesoria es de orden público e improrrogable por voluntad de las partes entre provincias o países, pero cede ante razones de conexidad evidente —identidad de herederos, de masa hereditaria, o motivos de economía procesal y seguridad jurídica— que hacen conveniente que un mismo juez resuelva ambos sucesorios en conjunto, evitando el dispendio de actividad jurisdiccional y el riesgo de decisiones contradictorias sobre un mismo patrimonio. Es un principio distinto, vale aclarar, de la prórroga de competencia territorial dentro de una misma provincia mencionada más arriba: aquí no hay acuerdo entre partes que valga si la conexidad no existe, mientras que allá el acuerdo de todos los herederos es, precisamente, lo que habilita el traslado.

Qué significa esto en la práctica

Para quien está por iniciar una sucesión con algún elemento de extraña jurisdicción, estos fallos dejan tres lecciones concretas. Primero, el domicilio real del causante —no uno formal ni conveniente— sigue siendo el criterio rector, y se acredita en principio con la partida de defunción, admitiendo prueba en contrario. Segundo, el foro del patrimonio del artículo 2643 no es una herramienta de uso general: solo corresponde en sucesiones con un verdadero elemento internacional, como ocurre con los residentes uruguayos con bienes en Argentina. Tercero, cuando existe un sucesorio conexo ya abierto —de un cónyuge, de un progenitor, de un coheredero— vale la pena evaluar desde el inicio la posibilidad de pedir la acumulación por conexidad, en lugar de asumir que la sucesión debe iniciarse necesariamente en el domicilio del último causante.

Esta distinción entre "domicilio formal" y "conexidad real" es, en el fondo, la misma lógica que atraviesa buena parte del derecho sucesorio: las reglas de competencia buscan previsibilidad y orden público, pero los tribunales no pierden de vista que, detrás de cada expediente, hay un patrimonio familiar que conviene liquidar de la manera más ordenada y menos costosa posible para todos los involucrados.

Fuentes: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, "T., J. s/Sucesión Ab-Intestato"; Sala F, "Cura, Eduardo César s/Sucesión Ab-Intestato" y "Lagos, Petrona y otro s/Sucesión Ab-Intestato"; Sala E, "M., E G s/Sucesión Ab-Intestato"; Sala G, "L., E. y otro s/Sucesión Ab-Intestato".