Cuando la absolución en un caso de violencia de género esconde arbitrariedad: el criterio de la Corte

El obstáculo procesal que la Corte no aceptó

El juzgado correccional había absuelto al imputado. La fiscal recurrió en casación, planteando que la valoración de la prueba había sido arbitraria y que la sentencia incumplía el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, impuesto por la Convención de Belém do Pará. La Cámara de Casación, sin embargo, declaró mal concedido el recurso fiscal invocando una limitación formal del artículo 458 del Código Procesal Penal: como la propia fiscal había pedido, en el debate, una pena menor a tres años, la sentencia absolutoria sería —según ese criterio— inimpugnable por esa vía para la parte acusadora.

Por qué la Corte consideró que esto era insuficiente

La Corte, siguiendo el dictamen del Procurador Fiscal, sostuvo que cuando la parte acusadora no plantea un mero error en la valoración de la prueba sino el vicio de arbitrariedad, y ese planteo involucra una cuestión federal —la interpretación de tratados internacionales de derechos humanos—, no alcanza con aplicar mecánicamente los límites formales del artículo 458 sin evaluar el mérito de la petición. La fiscal había cuestionado la interpretación que el tribunal de origen dio a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a la Convención de Belém do Pará, y a la Convención sobre los Derechos del Niño junto con la ley 26.061, normas todas de orden público. Eso configura, dijo la Corte, una cuestión federal en los términos del artículo 14, inciso 3, de la ley 48, que exige la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio antes de cerrar el caso.

Qué es, exactamente, una "cuestión federal"

El concepto de cuestión federal es la llave que permite acceder a instancias superiores de revisión cuando, en principio, las reglas procesales ordinarias no lo permitirían. No cualquier discrepancia con una sentencia configura una cuestión federal: se necesita que el caso involucre la interpretación de una norma federal —como un tratado internacional de derechos humanos— y que esa interpretación haya sido, a criterio de quien recurre, incorrecta o insuficiente. El artículo 14, inciso 3, de la ley 48 exige además que ese planteo pase primero por un tribunal intermedio, en este caso la Cámara Federal de Casación Penal, antes de que la Corte Suprema pueda intervenir. Lo que el fallo "Ortega" aclara es que ese paso intermedio no puede evitarse invocando restricciones formales cuando lo que está en juego es, precisamente, si se interpretaron correctamente esos tratados.

En "Ortega", la Corte remarcó además que este análisis no puede hacerse en abstracto: hay que mirar el contenido concreto del planteo fiscal. No alcanza con invocar genéricamente un tratado de derechos humanos para forzar la intervención de instancias superiores; es necesario explicar, punto por punto, en qué consistió el error de interpretación que se le atribuye al tribunal de origen. Esa exigencia de precisión es, en definitiva, la que distingue un genuino planteo de arbitrariedad de una simple disconformidad con el resultado del caso.

El deber de debida diligencia como estándar de fondo

Más allá del aspecto procesal, el fallo es valioso porque conecta ese obstáculo formal con un estándar sustantivo: el deber de debida diligencia que la Convención de Belém do Pará impone a los Estados parte —entre ellos, la Argentina— para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. La Corte recuerda que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia de género implica que los procedimientos se conduzcan de un modo que no socave la confianza de las víctimas —y de la sociedad— en la disposición de las autoridades para protegerlas. Un cierre prematuro del caso, por una lectura excesivamente formalista de las reglas recursivas, puede terminar vulnerando ese deber, incluso si nadie lo buscó de manera deliberada.

Por qué este criterio sigue vigente

El fallo "Ortega" se cita hasta hoy porque fija un criterio claro: en casos de violencia de género, cuando se invoca arbitrariedad en la valoración de la prueba junto con una cuestión federal vinculada a tratados de derechos humanos, los tribunales no pueden escudarse en restricciones formales a las facultades recursivas del Ministerio Público para evitar una revisión sustancial. Esto no significa que toda absolución en estos casos deba revisarse automáticamente; significa que el camino para plantear esa revisión no puede cerrarse por una lectura mecánica de la ley procesal cuando hay, de por medio, compromisos internacionales de derechos humanos en juego.

Para quienes litigan casos de violencia de género —ya sea representando a la víctima como querellante, actuando desde la fiscalía, o incluso desde la defensa—, "Ortega" es un recordatorio de que los estándares internacionales no son una referencia decorativa en los escritos: son, según la Corte, un criterio que puede y debe alterar la forma en que los tribunales interpretan sus propias reglas procesales.

Qué significa esto en la práctica

De este fallo se desprenden algunas conclusiones útiles para quienes litigan o atraviesan un proceso judicial vinculado a violencia de género.

Primero, un límite formal de las reglas recursivas —como el que impone el artículo 458 del Código Procesal Penal a las facultades del Ministerio Público Fiscal— no alcanza, por sí solo, para cerrar la revisión de una absolución cuando el planteo involucra arbitrariedad en la valoración de la prueba junto con una cuestión federal. Antes de descartar un recurso por motivos estrictamente formales, corresponde evaluar el mérito de lo que se está pidiendo revisar.

Segundo, invocar en abstracto la Convención de Belém do Pará, la CEDAW o la Convención sobre los Derechos del Niño no es suficiente: la Corte exige que el planteo explique concretamente de qué manera el tribunal de origen interpretó mal esos tratados al resolver el caso. La cuestión federal se configura por esa interpretación errónea puntual, no por la sola mención genérica de instrumentos internacionales.

Tercero, quienes representan a víctimas de violencia de género como querellantes, o actúan desde la fiscalía en estos procesos, deben articular expresamente los dos elementos que la Corte considera decisivos: arbitrariedad en la valoración de la prueba y una cuestión federal vinculada a derechos humanos. La ausencia de alguno de los dos debilita las chances de que un obstáculo procesal ceda ante la revisión sustancial del caso.

Cuarto, el criterio también protege las facultades recursivas del propio Ministerio Público: los tribunales no pueden restringir mecánicamente su capacidad de recurrir una absolución cuando, al hacerlo, está defendiendo estándares internacionales de protección que el Estado argentino se comprometió a garantizar.

Y quinto, el fallo deja un estándar de fondo que trasciende lo procesal: el deber de debida diligencia que la Convención de Belém do Pará impone a los Estados parte —entre ellos, la Argentina— para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer no es una referencia decorativa en los escritos judiciales. Según la Corte, es un criterio que puede y debe alterar la forma en que los tribunales interpretan sus propias reglas procesales, especialmente cuando una lectura excesivamente formalista corre el riesgo de socavar la confianza de las víctimas en la disposición del sistema de justicia para protegerlas.

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Ortega, Daniel Héctor s/Causa N° 1011/2013", 15/10/2015.